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La ciberseguridad europea vive una paradoja peligrosa: mientras algunos países se blindan con tecnologías avanzadas, otros siguen defendiendo sus sistemas con escudos de cartón. El problema no es nuevo, pero su magnitud crece con cada clic. Según el último informe de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), los ataques cibernéticos han aumentado un 30% en los últimos dos años. Una cifra que, más allá del dato, pone en evidencia algo más profundo: Europa no se protege al mismo ritmo en todas partes.
Ransomware dirigido a hospitales, campañas de phishing masivo, sabotajes a servicios públicos y fuga de datos sensibles. El catálogo de amenazas crece, se diversifica y se adapta con precisión quirúrgica a las debilidades de cada país. El problema no es solo técnico: es estructural, legal, educativo y político.
La Directiva NIS2 está en vigor desde 2023, pero los Estados miembros de la Unión Europea disponen hasta el 17 de octubre de 2024 para transponerla a sus respectivas legislaciones nacionales, es decir, adaptarla e implementarla legalmente dentro de sus marcos normativos. A partir del 18 de octubre de 2024, será plenamente aplicable en aquellos países que hayan completado esta transposición.
Esta nueva normativa establece un marco legal más riguroso para los operadores de servicios esenciales, reforzando las obligaciones en materia de ciberseguridad. Además, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) actúa como centro de coordinación y conocimiento especializado.
No obstante, la implementación real de la directiva varía entre países, casi tanto como sus acentos.Mientras países como Alemania, Francia o Dinamarca avanzan hacia arquitecturas cibernéticas resilientes y marcos legales sólidos, otros Estados miembros principalmente en Europa del Este y los Balcanes no han logrado acompasar ese ritmo. La brecha digital se convierte así en una brecha de seguridad.
Bulgaria es, hoy, uno de los blancos más fáciles para los ciberdelincuentes. Aunque ha mostrado ambición tecnológica, su infraestructura digital sigue siendo endeble, con una inversión en ciberseguridad muy por debajo de la media europea. La formación de profesionales es escasa y los marcos legales, insuficientes.
Rumanía, a pesar de sus avances en digitalización, carece de un ecosistema jurídico sólido. La consecuencia es clara: aumento en los ataques de ransomware, incluso contra instituciones públicas. Sin un sistema de respuesta ágil, los daños se multiplican.
Grecia, por su parte, sufre de un mal estructural: la obsolescencia tecnológica. A pesar de esfuerzos recientes, sus sistemas siguen sin responder con eficacia ante ataques que se intensificaron especialmente durante la pandemia.
¿Puede la Unión Europea permitirse esta asimetría? La UE ha sentado las bases: normativa, fondos, coordinación. Pero la ejecución es nacional. Si un país queda rezagado, se convierte en una puerta trasera para acceder al resto.
Cerrar esa brecha requiere más que cumplir con la directiva NIS2. Requiere inversión sostenida, cultura de ciberseguridad en todos los niveles desde las escuelas hasta los consejos de administración y voluntad política real.
Velacruz Andeme Micha Ayaba
